Nivel B1. Serán prohibidas las viviendas turísticas en pisos en Palma

La capital balear solo autorizará el alquiler a turistas en casas aisladas o chalés. Nada de apartamentos.

  • pisos turísticos no reglados --- нерегламентированные туристические квартиры

  • arrendamiento --- аренда

  • suelo rústico protegido --- защищенная сельская земля

  • el teniente de alcalde --- заместитель мэра

  • el deterioro de la convivencia --- ухудшение качества совместного проживания

  • marcará la pauta --- задавать тон

  • zanjar --- урегулировать

  • drástica respuesta --- радикальный ответ

  • los visitantes esporádicos  --- единичные посетители

 

A partir del mes de julio los propietarios de un piso o apartamento situado en Palma no podrán alquilar su vivienda a turistas. La capital balear ha adoptado una medida pionera en todo el estado por la que prohibirá definitivamente los pisos turísticos en toda la ciudad.

Palma solo permitirá el arrendamiento a viajeros en las viviendas unifamiliares —casas aisladas o chalés— excepto los situados en suelo rústico protegido, en el entorno del aeropuerto y en áreas de uso no residencial como los polígonos industriales.

Problema

Sin una regulación adecuada, los pisos turísticos distorsionan gravemente el mercado inmobiliario. Encarecen los precios, restan oferta de alquiler para la demanda estable y sortean, al menos hasta el momento, la obligación fiscal. Ha costado una larga negociación y no pocos enfrentamientos conseguir que Airbnb acepte informar a Hacienda de los pagos y cobros de los alojamientos, algo que hacen con regularidad los establecimientos hoteleros. Para la ciudad de Palma, el alquiler turístico se había convertido en un problema sin control. En dos años, la oferta de este tipo de alojamientos había crecido en más del 50%, hasta llegar a las 20.000 viviendas (de las cuales solo unas 650 tenían licencia).

Los problemas generados por los pisos turísticos son muchos e innegables: los Ayuntamientos tienen el deber de preservar los equilibrios urbanos. Pero es dudoso que el modelo de prohibición total adoptado allí sea el recomendable. Pese a las dificultades administrativas y el coste económico de hacer cumplir las normas, es preferible un modelo de regulación exigente y riguroso a la prohibición sin más.

La proliferación de ofertas de pisos turísticos a través de plataformas de Internet es ya un problema grave para la gestión urbana de grandes ciudades españolas, como Barcelona, Madrid y Valencia. La presión de la demanda turística en España facilita un aumento desorbitado de las viviendas de uso residencial que sus propietarios alquilan. Sorprende la explosión de pisos turísticos, relacionada con la extensión de la economía colaborativa: el año pasado, según estadísticas fiables, las plazas en viviendas de uso turístico (casi 362.500 en las 22 ciudades españolas más grandes) superaron por primera vez la oferta de los hoteles.

El fenómeno, tramitado por plataformas como Airbnb, no es inocuo. Eleva los alquileres en la zona y los precios de los productos en los comercios. Genera un circuito de dinero negro y una competencia desleal para las licencias hoteleras, porque es fácil ocultar los ingresos. La presencia de inquilinos cambiantes altera la convivencia vecinal y contribuye a la turismofobia. Los Ayuntamientos más afectados por la masificación turística (como Barcelona), agudizada por una oferta excesiva de plazas en pisos se enfrentan a un riesgo de colapso en los servicios. Porque la presencia multitudinaria de turistas aumenta los costes de limpieza, seguridad y transporte que no se pueden pagar si no es con impuestos específicos.

Remedio

El equipo de gobierno encargó una serie de estudios sobre el impacto de esta actividad en la ciudad, que han revelado que el 48% de los pisos de alquiler turístico se ofrece en periodos de entre siete y ocho meses, lo que veta posibilidades a la entrada de alquiler residencial de larga temporada en el mercado.

"Las estancias turísticas afectan a la configuración y la convivencia social en los edificios y los barrios y su penetración ya ha afectado al acceso a la vivienda", ha dicho Hila, que insiste en que el Ayuntamiento actúa "para proteger al residente".

El alcalde Noguera se muestra convencido de que esta medida, pionera en España, marcará la pauta a seguir por otras ciudades. "Palma es una ciudad decidida y valiente. Lo hemos acordado basándonos en el interés general y creemos que marcará la tendencia para otras ciudades que entenderán que los equilibrios son claves", ha señalado el alcalde. "Todas las ciudades europeas están siendo transformadas de un día para otro por esta oferta. Hay que poner orden, habrá alquiler vacacional en Palma, pero donde lo tiene que haber", ha zanjado Hila.

Actualmente en la capital balear hay una oferta en el mercado de unas 11.000 plazas de alquiler turístico, de las cuales solo 645 tienen licencia, todas para viviendas unifamiliares. Antes de la aprobación de la normativa autonómica en agosto del año pasado las plazas ofertadas ascendían a 20.000, pero las elevadas multas contempladas en la ley —de hasta 400.000 euros— provocaron la retirada de anuncios en las grandes plataformas. Está previsto que la medida se apruebe de forma inicial en el pleno municipal de este jueves, para ser sometida a un periodo de exposición pública y tener el visto bueno definitivo en el pleno del mes de julio.

La reforma de la ley general Turística aprobada por el Parlamento autonómico el pasado mes de agosto ya prohibió el alquiler vacacional en pisos, pero dejaba en manos del propio Ayuntamiento de Palma la posibilidad de delimitar los barrios y zonas en los que autorizarlo. Finalmente, el equipo de gobierno ha decidido considerar la ciudad como zona única y mantener la restricción de esta práctica en pisos y apartamentos de todo el territorio "para proteger al residente" en palabras del alcalde Antoni Noguera.

Consecuencias

La decisión del Ayuntamiento de Palma de prohibir el alquiler de pisos turísticos en la capital es una drástica respuesta a la presión que el alquiler turístico ejerce sobre la ciudad —extrapolable a otras ciudades de España, como Barcelona— y un reconocimiento de las dificultades de los Ayuntamientos para regular adecuadamente el fenómeno. En teoría, podrían haberse buscado soluciones más graduales, pero han pesado otras razones políticas y económicas. Una de ellas es la protesta vecinal por las alteraciones de la convivencia en zonas donde se acumulan los visitantes esporádicos; otra es el malestar de las empresas hoteleras.

Algunos municipios han optado por limitar mediante licencias el número de pisos turísticos; pero es difícil distinguir la ocupación residencial y la turística. En Barcelona, por ejemplo, hay 9.600 pisos turísticos legales y unos 6.500 ilegales. La aplicación de tasas específicas, como propone Valencia, tropieza con el mismo obstáculo; y la inspección es costosa. La solución más sensata sería elaborar una regulación homogénea (y viable) para todo el país y preparar formas eficaces de distinguir la residencia del turismo. Pero hay que tener voluntad política de hacerlo.

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